CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La defensa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte acusó a las autoridades penitenciarias de la Ciudad de México de torturar a su cliente por haberle inyectado adrenalina para mantenerlo sentado y poder notificarle, en 2022, la acusación de desaparición forzada, cargo que se negaba a escuchar formalmente desde un año antes.

Duarte había pretextado distintas causas para no escuchar la resolución del ministerio público que lo acusa de haber obstaculizado la investigación sobre la desaparición de un taxista, ocurrida durante su gestión como gobernador entre 2010 y 2016.

Las negativas de Duarte se conocieron en la audiencia del pasado miércoles 19 en el reclusorio norte.

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que Javier Duarte ha mostrado mala conducta y por eso no merece salir de prisión antes de cumplir su condena de 9 años por asociación delictuosa y lavado de dinero. El exgobernante fue detenido en abril de 2017.

En la audiencia del miércoles, la tercera para desahogar las pruebas sobre la solicitud que Duarte presentó para obtener el beneficio preliberacional, la FGR recordó que para lograr su vinculación a proceso por el caso de desaparición forzada ante un juez de Veracruz, fue necesario obligar al exgobernador a presentarse a audiencia y sujetarlo a una silla, lo que demuestra su mala conducta.

En tanto, su abogado, Pablo Campuzano detalló que en esa diligencia las autoridades penitenciarias le inyectaron adrenalina al exgobernador para obligarlo a comparecer pese a que alegó sentirse mal porque se le había bajado la presión.

Por ello, Campuzano pidió a la juez de ejecución, Ángela Zamorano Herrera, quien debe resolver si le concede al exgobernador el beneficio de la libertad anticipada, considerar que este tipo de medidas son en realidad actos de tortura plenamente reconocidos por la FGR.

La diligencia en la que Duarte recibió la inyección de adrenalina fue relatada por la fiscal auxiliar de la Coordinación de la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, Denise Moreno Córdova.

La fiscal fue testigo de la FGR en la audiencia porque ella encabeza directamente el caso penal contra Duarte por desaparición forzada de personas en su modalidad de entorpecer la investigación de la desaparición de un taxista.

Moreno Córdova indicó que emitió dos informes a solicitud de la FGR con fechas 1 de noviembre de 2022 y 19 de diciembre de 2024 relacionados con el proceso penal 103/2028 por desaparición forzada de personas contra Javier Duarte.

Detalló que, en el primer informe de noviembre de 2022, aún estaba pendiente la realización de la audiencia inicial porque la primera vez que Duarte fue citado, en el año 2021, el exgobernador no acudió afirmando que tenía Covid-19, por lo que la diligencia fue reprogramada y para la nueva fecha afirmó que el exfuncionario “no quiso salir de su celda” afirmando que no había sido notificado de la misma.

La fiscal también refirió que para diciembre de 2021 que pudieron ejecutarle la orden de aprehensión a Duarte por este caso, la audiencia inicial no pudo realizarse porque el exgobernador contaba con una suspensión que, en ese momento, lo protegía.

Para el tercer intento por imputarlo, ya en febrero de 2022, la fiscal Moreno indicó que Duarte no compareció alegando problemas de salud e incluso tramitó un amparo contra actos de tortura e incomunicación, con el que retrasó nuevamente la celebración de la audiencia inicial.

En su segundo informe a la FGR, de fecha 19 de diciembre de 2024, la fiscal Moreno explicó que el 16 de noviembre de 2022 se realizó un cuarto intento por celebrar la audiencia inicial contra Duarte, pero que al presentarse ante el juez de control de Veracruz, el exgobernador indicó sentirse mal, solicitó diferir la diligencia y afirmó no aceptar la competencia del juzgador por considerar que el caso debía ser conocido por un juez de la Ciudad de México, lugar en el que el exfuncionario permanece preso.

“Una vez que indicó esto al juez, el señor Javier Duarte se retiró sin tener autorización, por lo que el juez de control le solicitó al administrador del Centro de Justicia que le indique al director del Reclusorio Norte que las medidas de apremio contra el exgobernador seguían vigentes y que no podía retirarse sin autorización”, refirió la fiscal.

“Fue entonces que el señor Javier Duarte regresó, pero en una silla sujetado por personal de seguridad, el juez le dijo que no se le estaban violando sus derechos humanos ni procesales, sino que únicamente se estaba tratando de llevar a cabo la audiencia y sólo hasta que le advirtió que la podía llevar a cabo sin su presencia, fue que el imputado se quedó”.

Para la FGR esta relatoría fue prueba de que Javier Duarte no ha mostrado buena conducta durante el tiempo que ha permanecido en prisión como para merecer el beneficio de la liberación anticipada pues, a dicho del fiscal federal Manuel Granados, la constante negativa a enfrentar los cargos por desaparición forzada de personas muestran una mala conducta procesal que orillaron a las autoridades a hacer uso de la fuerza pública para obligarlo y lograr su vinculación a proceso.

“Esto es una lucha, es una presión y es un aplaste por parte del Estado en contra de una persona, el Estado representado por la Fiscalía General de la República. Javier Duarte no es un degenerado, no es un monstruo, es una persona condenada; es el único caso que no ha quedado impune y aún así no lo celebran, lo asumen como derrota, por eso, al haber cumplido con todos los requisitos de ley, solicitamos que se ordene de manera inmediata la excarcelación de Javier”, afirmó el abogado Pablo Campuzano al emitir sus alegatos de clausura.

“Dice la Fiscalía que Javier no quiso comparecer a las audiencias iniciales del caso de desaparición forzada, pero esos diferimientos fueron producto de diversos amparos que yo, como abogado, tramité a su nombre para evitar que fuera objeto de una persecución armada por las autoridades para evitar su excarcelación pues este caso surgió justo cuando Javier cumplió el 50% de su condena y tenía la oportunidad de solicitar la libertad condicional”.

Campuzano explicó a la juez Zamorano que en la audiencia del 16 de noviembre de 2022 Javier Duarte le explicó al juez de control que se sentía mal, pues previo a la diligencia había vomitado.

“Se le bajó la presión y se desmayó, por eso, decidieron inyectarle adrenalina para despertarlo y lograr que compareciera, ¡por eso volvió a vomitar y fue necesario mantenerlo sujeto a su silla!, sin importarle a las autoridades el riesgo que esto podía representar para su vida”, dijo.

“Lo que la Fiscalía intenta utilizar para retratar a Javier como un monstruo, en realidad constituye, su señoría, un acto de tortura plenamente reconocido por el fiscal Granados e incluso, salvo su mejor opinión señora juez, son actos que deben ser investigados como tortura”.

Proceso confirmó que actualmente Javier Duarte padece diabetes e hipertensión, sin embargo, fuentes federales confirmaron que en todos estos años que ha permanecido en el Reclusorio Norte, no ha tenido mayores incidencias de salud debido a que, pese a que aún padece sobrepeso, acude continuamente al servicio médico a sus revisiones y toma los medicamentos necesarios para controlar sus padecimientos.