El reporte de la ONU que asegura que las desapariciones forzadas en México alcanzan niveles de crímenes de lesa humanidad fue calificado por el gobierno de la presidenta Sheinbaum como un reporte “tendencioso, parcial y sesgado”, agravado por “conflictos de interés de algunos de sus integrantes”.

El religioso sostuvo que la corrupción provoca que no haya respeto a los derechos humanos, y que conforme pasa el tiempo las desapariciones continúan en el país, gracias a la participación de las autoridades con la delincuencia.

La Comisión retomó en sustancia los argumentos del gobierno, pero le agregó más calificativos y juicios de valor para denostar el trabajo del comité y de las organizaciones de la sociedad civil que llevan dos décadas documentando la crisis de derechos humanos.