BOGOTÁ (apro).- A un mes del ataque del Pentágono contra Caracas para “extraer” a Nicolás Maduro, Venezuela está inmersa en un proceso de profundos cambios económicos en el que los planes para la producción masiva de petróleo juegan un papel central, mientras las estructuras del régimen chavista permanecen intactas y bajo el tutelaje político del mandatario estadunidense Donald Trump.

El sello de los primeros 30 días de gobierno sin Maduro a la cabeza ha sido la celeridad para aprobar leyes que permitan la propiedad extranjera sobre las empresas petroleras interesadas en explotar ese recurso en el país con las mayores reservas de crudo en el mundo (303 mil millones de barriles), y la liberación de decenas de presos políticos.

La transición política, sin embargo, es un tema que ha sido postergado, y nada se ha hablado de la hoja de ruta para transitar de la autocracia chavista –en la que primero Maduro y ahora la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, controlan todos los poderes del Estado— a una democracia con elecciones libres y verificables.

El sociólogo y defensor de derechos humanos Rafael Uzcátegui dice a Proceso que este primer mes que ha transcurrido desde el ataque del Pentágono a Caracas se ha venido cumpliendo lo que el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, anunció para Venezuela, que es un plan de tres fases: la de estabilización, la de recuperación económica y la de transición.

El cambio más importante que ha ocurrido, asegura, es la reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada en la Asamblea Nacional el pasado jueves, la cual abre el sector petrolero del país a inversiones extranjeras y rompe el control exclusivo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) sobre la exploración, extracción, transporte y almacenamiento de crudo.

“Este es un cambio súbito para cumplir con el acuerdo de trabajo del régimen con Estados Unidos”, dice Uzcátegui.

Venezuela, que hace 25 años llegó a producir 3.2 millones de barriles diarios de petróleo, apenas extrajo la tercera parte de esa cifra el año pasado.

La expectativa es que, con las inversiones de las petroleras extranjeras, al menos se duplique la producción en el mediano plazo y se llegue a los niveles de principios de este siglo en un plazo de una década.

Pero ese plan requiere de inversiones por unos 100 mil millones de dólares que difícilmente se concretarán sin que exista una transición política y un marco jurídico más sólido que el actual.

Uzcátegui afirma, sin embargo, que en materia de libertades democráticas no hay ningún cambio ni anuncio, salvo la excarcelación de decenas de presos políticos y la elaboración de una iniciativa de ley de amnistía que aún no se conoce.

Para los defensores de derechos humanos las grandes preguntas son a quiénes va a incluir esa ley y a quiénes van a dejar por fuera.

Uzcátegui señala que uno de los temores que tienen los activistas humanitarios es que, en el pasado, hubo propuestas de gente cercana al oficialismo de expedir una ley de amnistía que fuera “una especie de borrón y cuenta nueva”, lo que significaría dejar en la impunidad miles de crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios chavistas.

La presidenta de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Carolina Jiménez, señala que es condenable que el quebrantamiento del derecho internacional por parte del gobierno Estados Unidos para “extraer” a Maduro, pero esto ocurrió “en un país gobernado por una elite autoritaria que por años ha violado de manera sistemática el derecho internacional y los derechos humanos”. 

“No es fácil –agrega-- medir la magnitud del hecho de que Venezuela sea hoy el único país de las Américas con una investigación abierta en la Corte Penal Internacional (CPI)”.

Explica que los crímenes que investiga la CPI incluyen la persecución política, encarcelamiento u otra privación severa de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual por parte de las autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y partidarios del gobierno.? 

En el caso venezolano, plantea Jiménez, conviven dos verdades complejas: la abierta violación del derecho internacional por parte de la administración Trump y la realidad de un país que continúa viviendo bajo un régimen autoritario y represivo que no cuenta con ninguna legitimidad.

Coerción efectiva

Para el profesor del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, la captura de Maduro por parte de tropas estadunidenses, ocurrida hace un mes, constituye un punto de inflexión en la historia política reciente de Venezuela y ha producido cambios en la política económica y exterior que alteran, “de manera sustantiva, el equilibrio de poder”.

Pero dice que hay una pregunta central que sigue abierta: “¿Estamos ante el inicio de una transición democrática o frente a una reconfiguración tutelada del poder autoritario?”.

De acuerdo con el abogado y analista político, Venezuela no ha llegado todavía a una transición democrática, pero sí se han producido cambios “que configuran el inicio de una alteración del régimen, condición necesaria, aunque no suficiente, para hablar de transición”.

Estados Unidos no sólo dicta el camino al régimen chavista que hoy encabeza Delcy Rodríguez, sino que manejará miles de millones de dólares proveniente del petróleo que han confiscado en los tanqueros interceptados en el mar Caribe por los buques de guerra del Pentágono.

“Hay una coerción efectiva de Washington”, afirma el académico venezolano.

Pero dice que las condiciones mínimas para que pueda ocurrir una transición son dos: cambio efectivo de gobierno y apertura de un proceso de cambio de régimen.

“Venezuela hoy no cumple con estas condiciones –agrega--, aunque se intentan construir mediante un mecanismo atípico: una negociación bajo coerción externa creíble. La ‘extracción’ de Maduro modificó de forma radical los cálculos de supervivencia de la élite gobernante, y a diferencia de intentos anteriores, la amenaza ya no es retórica. Por ello la negociación, aunque no es voluntaria sino bajo coerción, es hoy políticamente creíble”.

Marco Rubio ha dicho que podría haber elecciones en un plazo de dos años, pero sectores de la oposición cercanos a líder antichavista María Corina Machado –que ha sido relegada por Trump, al menos en esta fase— han dicho que eso es demasiado tiempo y que la cúpula gobernante quiere eso: tiempo para recomponerse y cambiar un poco para que todo siga igual, una máxima del gatopardismo.

Una oportunidad

En un análisis sobre el primer mes de Venezuela sin Maduro, quien está sometido a un proceso por narcotráfico en Nueva York, el Laboratorio de Paz de Venezuela considera que la salida del dictador del poder mediante una acción militar de una potencia extranjera plantea una paradoja.

Visto desde fuera, el ataque estadunidense del pasado 3 de enero “suele leerse como una transgresión del multilateralismo, un debilitamiento del derecho internacional y un precedente inquietante para otras regiones”, lo cual es verdad, pero desde Venezuela ese episodio “es percibido como una oportunidad democratizante largamente bloqueada”.

Que ese quiebre haya sido producto de un hecho de fuerza “no borra el alivio social ni el respaldo pragmático que muchos expresan, no por convicción ideológica, sino por desesperación ante el cierre sistemático de las vías internas de cambio”, señala el documento del Laboratorio de Paz, un centro de pensamiento y defensa de derechos humanos.

Para le ONG, la ausencia de una respuesta militar eficaz por parte de Venezuela el 3 de enero es el resultado “de años de desinstitucionalización, corrupción y vaciamiento operativo de la Fuerza Armada, reorganizada para el control interno y la lealtad política, no para la defensa territorial”.

El análisis sostiene que tras el fraude electoral cometido por Maduro en los comicios presidenciales de julio de 2024, el escenario electoral quedó bloqueado, la crisis económica se profundizó y el régimen incurrió en un virtual “terrorismo de Estado” en contra de la población, la oposición y los críticos para garantizar su supervivencia.

Es ese escenario, la figura de Maduro “se volvió un lastre” y “su desplazamiento y el entendimiento (del régimen encabezado por Delcy Rodríguez) con Estados Unidos pueden leerse como una jugada pragmática orientada a la estabilización política y económica, negociada meses antes del 3E (3 de enero)”, el día del ataque.

“El chavismo no aparece como rehén ni víctima, sino como un actor con agencia, dispuesto a alianzas impensables para preservar el poder”, asegura el Laboratorio de Paz, y señala que, en el corto plazo, los intereses de Trump y el chavismo coinciden: desescalar el conflicto y administrar la crisis.

“Pero la convergencia es frágil –agrega—porque la pulsión histórica del régimen es la autopreservación, reinterpretando compromisos según su conveniencia. La tensión entre transición y conservación del poder no está resuelta, solo postergada”

De acuerdo con el documento, el chavismo hace tiempo perdió épica y promesa de futuro y el ataque estadunidense confirmó “su mutación en un aparato de gestión del poder” en el que ya quedó de lado el discurso antiimperialista, no por convicción, sino por necesidad.

El chavismo, según el Laboratorio de Paz, “sobrevive como cálculo y administración del presente, no como proyecto histórico” y esa pérdida “marca un punto de no retorno”.