CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un mes y medio después de criticar la operación militar lanzada por el gobierno de Donald Trump en Caracas para secuestrar al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) denunció el bloqueo impuesto por la administración Trump contra los envíos de gasolina a Cuba. 

En declaraciones a la prensa, Martha Hurtado, una vocera de Volker Türk –el titular de la ONUDH–, expresó la preocupación “extrema” de la oficina ante la crisis socioeconómica en Cuba, producto de “un embargo comercial de décadas, eventos climáticos extremos y las medidas recientes del gobierno de Estados Unidos que restringen los envíos de gasolina”, por lo que la instancia urgió a levantar las medidas unilaterales que afectan a la población. 

De acuerdo con la vocera, la escasez de combustible está poniendo en riesgo “servicios esenciales en todo el país”, incluyendo el resguardo de vacunas y medicamentos, que necesitan de una refrigeración constante, o los sistemas de bombeo de agua, que dependen en un 80% de electricidad para funcionar. 

La oficina de Türk también señaló que los estragos del embargo al combustible alcanzan la distribución de los alimentos de la canasta básica y de la población más vulnerable –alumnos, mujeres embarazadas o personas de la tercera edad–, que sufren en mayor medida el desabasto. 

El embargo impuesto por el gobierno de Trump contra Cuba obligó al gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum Pardo a cesar los envíos de gasolina de Pemex a la isla, de la que la petrolera mexicana se había convertido en la principal proveedora; en cambio, la mandataria decidió que México enviaría alimentos y bienes de primera necesidad a Cuba, para aliviar la crisis humanitaria que se está agravando por la escasez de combustible.  

Ante la medida unilateral tomada por Washington, la comunidad internacional permaneció en gran parte muda. 

Ya el pasado 8 de enero, la ONUDH había sido una de las escasas voces internacionales en denunciar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, y acusó a la administración de Trump de haber “socavado un principio fundamental del derecho internacional: que ningún estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”.