CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En Cuba, un mensaje privado, una opinión en redes sociales, una nota de voz o incluso una llamada específica puede activar un mecanismo invisible que vigila, registra y castiga. No se trata de casos aislados, sino de un sistema estructurado de control estatal, reforzado con la expansión del acceso a internet y las nuevas tecnologías. 

Así lo documenta el primer informe integral de Prisoners Defenders sobre vigilancia digital que expone, con evidencia empírica y jurídica, cómo el Estado cubano —a cargo de Miguel Díaz-Canel Bermúdez desde 2019— ha convertido el espacio digital en un territorio de control político total, sin garantías democráticas, límites judiciales, marcos de protección de derechos digitales ni consecuencias inmediatas.  

El informe, basado en 200 testimonios recabados entre noviembre de 2025 y enero de 2026, dentro y fuera de la isla, no describe fallas técnicas o administrativas, sino un ecosistema de monitoreo e intrusión, diseñado para regular, disuadir y sancionar el ejercicio de la libertad de expresión y la participación cívica de los cubanos en el entorno digital.   

Este sistema organizado, que opera como una política pública de sometimiento, encuentra en el miedo la herramienta más eficaz para disuadir y castigar el disenso político: la autocensura. Así, la sociedad no sólo se reduce al silencio, sino que el temor digital se vuelve una norma de convivencia. 

Represión política crece con el avance tecnológico  

“La vigilancia digital en Cuba no constituye un fenómeno aislado ni coyuntural, sino una política estructural de control estatal” con “carácter panóptico”, comparable con el Big Brother de 1984, de George Orwell: un sistema donde el Estado observa, registra y actúa, sin controles judiciales, sin transparencia legal y sin límites, con el objetivo de neutralizar e inhibir el debate público, indicó el informe de Prisoners Defenders. 

Desde la expansión del internet, advirtió el documento, la conectividad en Cuba no trajo libertades, sino una actualización del viejo modelo de vigilancia. El control de llamadas telefónicas y correspondencia postal, utilizadas hace décadas, fue sustituido por un sistema más sofisticado, apoyado en el monopolio estatal de las telecomunicaciones, en un marco jurídico ambiguo y en el uso intensivo de tecnologías de supervisión digital, incompatibles con el derecho internacional. 

Ante la ausencia de controles judiciales independientes, el espacio virtual se convirtió en una extensión del aparato policial, que permite criminalizar la expresión crítica en redes sociales y mensajería privada. 

Las consecuencias de la crítica 

De acuerdo con datos del informe, 98.5% de los denunciantes afirmó haber sido sancionado, amenazado o haber sufrido represalias, directas o contra su familia, por sus publicaciones o comunicaciones digitales.  

La vigilancia no se queda tras las pantallas. El 60% de los declarantes fue citado formalmente por autoridades, el 61% fue interrogado y el 55% fue detenido, llevando el panorama digital a la coerción física. 

El 88% de los entrevistados aseguró que, en procesos de interrogatorio, amenazas, citaciones y detenciones, fueron confrontados por autoridades con sus publicaciones o mensajes enviados por WhatsApp, Telegram o Signal. El 76.5% escuchó, reiteradamente, referencias a sus conversaciones privadas, mientras el 20% fue reprochado por audios personales, recabados sin ninguna orden, notificación previa ni mecanismos de tutela judicial.   

Hackeo, cortes y apagones selectivos 

El informe identificó, además, graves patrones de intrusión técnica. El 49.5% detectó sesiones abiertas desde ubicaciones desconocidas, el 46.5% sufrió cambios de contraseña no autorizados y el 37% denunció el envío de mensajes desde sus propias cuentas sin consentimiento.  

Estos indicadores, señaló Prisoners Defenders, son compatibles con prácticas de spyware, un tipo de software que se instala en secreto dentro de un dispositivo para espiar la actividad del usuario, recopilar información personal y enviarla a terceros sin autorización. 

A esto se suma la intrusión directa: 65.5% fue obligado a desbloquear su teléfono, entregar contraseñas o mostrar sus redes sociales durante detenciones o interrogatorios sin orden judicial alguna. 

Dentro de un entorno de conectividad intervenido y manipulado, sólo el 5% de los declarantes dijo no haber sufrido anomalías en su acceso a internet. El resto describió una serie de interferencias:  

• Cortes personalizados de datos móviles (52%). 
• Bloqueos selectivos de servicios o páginas web (63%). 
• Bloqueos de redes sociales como Facebook, X o YouTube (44.5%). 
• Bloqueos para acceder a medios independientes u organismos internacionales (36.5%).  

Incluso el 22.5% reportó imposibilidad de uso de VPN, lo que es relevante porque se trata de una herramienta empleada para evitar la censura, acceder a información independiente y proteger la privacidad de las comunicaciones. 

Más del 70% de los cortes o anomalías coincidieron con protestas; mientras el 73% reportó que ocurrieron durante fechas simbólicas como el 11 de julio, el Día del Trabajo o el Día de los Derechos Humanos.  

Casi la mitad de los declarantes afirmó que las interferencias comenzaron tras publicaciones críticas propias, un 34% las asoció a juicios políticos y un 27% a eventos oficiales del régimen. 

Del mundo digital a la puerta de la casa 

Uno de los hallazgos más inquietantes del informe es que la vigilancia no termina en la red, sino que traspasa al entorno físico.  

El 84.5% de los declarantes observó algún tipo de monitoreo presencial tras la actividad digital: agentes frente a sus casas, patrullas, seguimientos en motos o autos, visitas de “advertencia” y, en casos extremos, cámaras instaladas frente al domicilio. 

Esta vigilancia no sólo afecta al individuo. El 88% de los entrevistados reportó represalias contra familiares o allegados: citaciones, amenazas, detenciones, pérdida de empleo o problemas en escuelas y universidades. Así, la represión se convierte en un castigo colectivo, una forma de presión indirecta que extiende el miedo a todo el entorno social. 

El control, además, trasciende fronteras, pues incluso ciudadanos que viven fuera de Cuba son vigilados a través de sus familias en la isla o enfrentan represalias al intentar regresar, aunque sea como turistas.  

El verdadero objetivo es el silencio 

De acuerdo con Prisoners Defenders, los pocos ciudadanos que dicen no haber sufrido represalias directas son quienes muestran los niveles más altos de miedo, recurriendo a la autocensura total en llamadas, WhatsApp y otras redes sociales. 

Más de la mitad de los declarantes (55.5%) modificó su comportamiento digital: dejaron de publicar sobre política, borraron mensajes antiguos, abandonaron grupos, cambiaron y cerraron cuentas o recurrieron a seudónimos. El promedio general de temor alcanza 3.01 sobre 5, sin que exista un solo canal de comunicación percibido como “verdaderamente seguro”. 

Para Prisoners Defenders, la autocensura no es un efecto colateral, sino el resultado exitoso de este sistema organizado.  

Violaciones sistemáticas de derechos humanos 

Desde el punto de vista jurídico, el informe concluyó que la vigilancia digital en Cuba viola, de manera sistemática, derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los estándares del sistema interamericano.  

La libertad de expresión, el derecho a la privacidad, la libertad de asociación, el derecho a la participación política, la vida familiar y el acceso a la información resultan erosionados por este mecanismo estructural de control sociopolítico.  

El informe define un modelo de gobernanza digital que no responde a necesidades legítimas de seguridad, sino que está orientado a restringir el pluralismo, moldear el comportamiento ciudadano mediante el miedo y neutralizar la disidencia sin límites, sin control, sólo con fines represivos.  

Un país vigilado y una sociedad contenida 

El primer informe integral de Prisoners Defenders concluye que la vigilancia digital en Cuba no es un problema técnico ni coyuntural, sino un componente central del sistema político. Un mecanismo de control social que convierte mensajes, interacciones e incluso el silencio en un expediente policial. 

En Cuba, donde la conexión es frágil, cara y limitada, la mayor victoria del sistema no es el castigo, sino la anticipación al mismo. Un control invisible que se cuela en la casa, en la familia y en el pensamiento, socavando así “las bases mismas de una sociedad libre”.