WASHINGTON (AP).- Aproximadamente media docena de fiscales federales en Minnesota renunciaron y varios supervisores de la sección criminal de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia notificaron su salida en medio de la agitación por la investigación federal sobre el asesinato de una mujer a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, según personas familiarizadas con el asunto.

Las renuncias se producen tras la creciente tensión por la decisión de la administración Trump de excluir al estado de la investigación sobre el tiroteo de Renee Good, quien recibió un disparo mortal en la cabeza por parte de un agente de inmigración la semana pasada. Los abogados de la División de Derechos Civiles, que generalmente investiga los tiroteos de agentes de alto perfil, también fueron informados recientemente de que la división no participaría en esta etapa de la investigación, según informaron dos personas familiarizadas con el asunto.

Entre las renuncias en Minnesota se encuentra la del primer fiscal federal adjunto Joe Thompson, quien dirigía la extensa investigación y el procesamiento de los fraudes en el estado, según informaron otras dos personas. Al menos otros cuatro fiscales de la fiscalía federal de Minnesota se unieron a Thompson en su renuncia en medio de un período de tensión en la oficina, indicaron las fuentes. Estas personas hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre asuntos de personal.

Son los últimos en un éxodo de abogados de carrera del Departamento de Justicia que han renunciado o se han visto obligados a dimitir debido a la presión política o al cambio de prioridades bajo la administración Trump. Cientos de abogados del Departamento de Justicia han sido despedidos o se han marchado voluntariamente durante el último año.

Los legisladores demócratas de Minnesota criticaron las salidas. La senadora Amy Klobuchar, miembro del Comité Judicial del Senado, calificó las renuncias como "una pérdida para nuestro estado y para la seguridad pública" y advirtió que los procesos judiciales no deben basarse en criterios políticos. El gobernador Tim Walz afirmó que las salidas suscitaron preocupación por la presión política sobre los funcionarios de carrera del Departamento de Justicia.

Las renuncias de los abogados de la sección penal de la División de Derechos Civiles, incluyendo la de su jefe, se anunciaron al personal el lunes. El Departamento de Justicia declaró el martes que dichos fiscales habían solicitado participar en un programa de jubilación anticipada "mucho antes de los sucesos de Minnesota" y añadió que "cualquier sugerencia en contrario es falsa".

Fundada hace casi 70 años, la División de Derechos Civiles tiene una larga historia de investigación de tiroteos de civiles por parte de agentes del orden público, aunque los fiscales normalmente necesitan superar un alto nivel de exigencia para iniciar un proceso penal.

En administraciones anteriores, la división actuó rápidamente para abrir y anunciar públicamente dichas investigaciones, no sólo para reflejar la jurisdicción federal sobre posibles violaciones de los derechos civiles, sino también con la esperanza de calmar la angustia de la comunidad que a veces acompaña a los tiroteos que involucran a las fuerzas del orden.

En Minneapolis, por ejemplo, durante la primera administración Trump, el Departamento de Justicia abrió una investigación de derechos civiles por la muerte de George Floyd en 2020 a manos de agentes de policía de la ciudad, que resultó en cargos penales. El Departamento de Policía de Minneapolis fue investigado por separado por la administración Biden por posibles violaciones sistémicas de los derechos civiles mediante lo que se conoce como una investigación de "patrones o prácticas", un tipo de investigación de reforma policial que no cuenta con el apoyo del actual Departamento de Justicia de la administración Trump.