BOGOTÁ (apro).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este martes a ocho años de sanciones restaurativas no carcelarias a los siete exjefes máximos de la desmovilizada guerrilla de las FARC al considerarlos responsables de más de 21 mil secuestros y otros crímenes de lesa humanidad como homicidios, toma de rehenes, desaparición forzada y tortura. 

La sentencia, primera que produce ese tribunal creado como parte del acuerdo de paz de 2016, el cual propició la entrega de armas por parte de las FARC y su conversión en un partido político, señaló que esa guerrilla incurrió en una “política criminal” con los secuestros y crímenes de guerra que implicaron la violación masiva de derechos humanos. 

Los sancionados son los siete exintegrantes del Secretariado de las FARC: Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, quienes participan desde su desmovilización en la política legal colombiana. 

Los exjefes guerrilleros fueron condenados a realizar trabajos restaurativos como buscar personas dadas por desaparecidas, realizar labores de desminado y restauración y protección del medioambiente, y hacer actos de memoria y de reparación simbólica para las víctimas. 

De acuerdo con los estatutos de la JEP, los responsables de crímenes atroces en el conflicto armado interno que comparezcan ante ese tribunal sólo recibirán sanciones no carcelarias. 

La sentencia a ocho años de trabajos reparatorios es la máxima pena que puede imponer la JEP a los victimarios que reconozcan su responsabilidad en delitos de lesa humanidad y que aporten verdad sobre los crímenes que cometieron, como fue el caso de los siete exjefes del Secretariado. 

“Aunque se valoraron positivamente los aportes de verdad y los compromisos en reparación, el grado de mando y el alcance del daño exigen que esas contribuciones se traduzcan en obligaciones intensas, continuas y verificables a lo largo de todo el término sancionatorio”, señaló la sentencia. 

Los condenados podrán reducir de su pena los trabajos, obras o actividades de reparación a víctimas que hayan realizado desde su desmovilización, a finales de 2016. 

Según el veredicto, desde 1993, el Secretariado de las FARC instruyó a todos sus bloques aumentar el número de secuestros para financiar la guerra, lo que marcó el inicio de un creciente rechazo ciudadano a esa guerrilla. 

El hecho de que la JEP no contemple sanciones carcelarias para los exjefes de las FARC es un tema que genera enorme polémica en Colombia y que rechaza gran parte de la sociedad. 

Organizaciones de víctimas de las FARC rechazaron la sentencia y la consideraron “ridícula” frente a la gravedad de los crímenes que cometieron los exjefes de esa guerrilla, que a principios de este siglo llegó a ser la más grande y poderosa de América Latina, con unos 24 mil hombres en armas. 

La excandidata presidencial Íngrid Betancourt, quien estuvo más de seis años secuestrada por las FARC en condiciones deplorables, dijo que la sentencia es “una traición a las víctimas”. 

“Lo ocurrido hoy es una burla para todas las personas que estuvimos secuestradas. Cuando uno mira la sentencia y ve el listado de penas que les aplican, es indignante”, aseguró, y dijo que la JEP no otorgó a las víctimas ni verdad, ni reparación ni garantías de no repetición.