BATON ROUGE, Luisiana (AP).- Las autoridades de Luisiana acordaron pagar 9 millones de dólares a un hombre que quedó paralizado de la cintura para abajo después de que un policía le disparó en la espalda durante una parada de tráfico en 2018, en Baton Rouge, y luego informó falsamente que se trató de una descarga de Taser.

El acuerdo alcanzado el mes pasado es uno de los más grandes de su tipo en la historia del estado y resuelve una demanda federal presentada por Clifton "Scotty" Dilley, cuyas lesiones lo confinaron a una silla de ruedas cuando tenía 19 años. Los términos del acuerdo, que no se hicieron públicos, fueron proporcionados a The Associated Press por una persona con conocimiento directo que no estaba autorizada a revelarlos y habló bajo condición de anonimato.

El tiroteo fue mencionado en un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos de este año que encontró que la Policía Estatal de Luisiana utilizó fuerza excesiva durante arrestos y persecuciones de vehículos.

La policía estatal despidió a la agente Kasha Domingue después de determinar que ella disparó a Dilley "sin ninguna justificación confiable", no activó su cámara corporal y dio relatos inconsistentes que fueron contradichos por el video de vigilancia.

La agencia también descubrió que su informe erróneo sobre el incidente como una descarga eléctrica “retrasó las respuestas apropiadas al tiroteo”, según los registros revisados por AP.

La explicación de Domingue para abrir fuego evolucionó con los años. Los registros judiciales muestran que, en ocasiones, alegó haber confundido su arma con una pistola Taser, haber apretado el gatillo accidentalmente o haber dicho que el disparo estaba justificado porque temía por su vida.

Dilley iba como pasajero en el vehículo que fue detenido. Dijo que el agente nunca le ordenó que dejara de huir antes de disparar. Momentos después de ser alcanzado, le dijo a Domingue que había perdido la sensibilidad de la cintura para abajo.

"Pensé: '¿Qué les pasa a mis piernas?'", dijo Dilley en una declaración. "Dijo: 'Es el efecto secundario de la pistola Taser. Ya se me pasará'".

De hecho, una bala alcanzó la columna vertebral de Dilley.

El relato inicial de Domingue se desmoronó rápidamente. Declaró a los investigadores que Dilley corrió alrededor del vehículo detenido y metió la mano en su interior antes de abalanzarse sobre ella. Esta afirmación fue contradicha por el video de vigilancia de una tienda cercana, que mostraba claramente al hombre desarmado huyendo del agente.

"Si esa cámara no hubiera estado allí, no sé cómo habría resultado esto", dijo Dilley en la declaración.

"Lo que me pasó esa noche cambiará mi vida para siempre", dijo Dilley, quien estuvo representado por el ex fiscal federal y congresista de Luisiana, Don Cazayoux. Dilley dijo que espera que el caso "genere un cambio en la policía estatal que evite que esto vuelva a suceder".

Un abogado de Domingue, Louis Oubre, se negó a hacer comentarios, al igual que la Fiscalía General del estado.

El acuerdo de 9 millones de dólares es uno de los más cuantiosos jamás pagados en Luisiana en un caso de violencia policial. Baton Rouge acordó en 2021 pagar 4.5 millones de dólares a los hijos de Alton Sterling, un hombre negro cuyo tiroteo mortal a manos de la policía fue grabado en video y desató protestas e indignación generalizadas.

Más de dos años después del tiroteo, la fiscalía acusó a Domingue de agresión con agravantes en segundo grado y uso ilegal de un arma. En 2022, se declaró culpable de obstrucción a la justicia, un delito menor, evitando la cárcel, pero accediendo a no volver a servir en las fuerzas del orden. Su condena ha sido anulada.

El proceso civil planteó dudas sobre si Domingue debió haberse convertido en policía estatal, lo que pone de relieve la responsabilidad que podría haber afrontado el estado si la demanda hubiera llegado a juicio. Los registros de la policía estatal muestran una serie de señales de alerta que se remontan a su época en la academia de entrenamiento, incluyendo exámenes fallidos y problemas en el campo de tiro.

La agencia le permitió graduarse de la academia a pesar de esos problemas, exigiéndole que completara capacitación adicional antes de recibir su comisión. Sin embargo, los instructores expresaron dudas sobre su idoneidad. Un informe interno indicó que "tuvo dificultades desde el inicio de la clase, tanto física como mentalmente".

El Departamento de Justicia hizo alusión a Domingue en sus conclusiones sobre el uso generalizado de fuerza excesiva por parte de la policía estatal. Señaló que permaneció como agente policial durante más de dos años después del tiroteo debido a una política de aplazar las investigaciones internas mientras se llevan a cabo las investigaciones penales.

“Esto puede añadir retrasos significativos al proceso de rendición de cuentas”, señala el informe.

El gobernador republicano Jeff Landry criticó el informe como un intento de "menospreciar el servicio y la excepcionalidad" de la policía estatal. La investigación federal comenzó en 2022 tras las repercusiones de la muerte bajo custodia de Ronald Greene, quien fue golpeado, electrocutado con una pistola eléctrica y arrastrado por un camino rural en el norte de Luisiana.

El Departamento de Justicia anuló sus conclusiones en mayo, afirmando que estaba poniendo fin al “experimento fallido de esposar a los líderes locales y a los departamentos de policía”.