CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Una oficial de la Policía de la Ciudad mató a un adolescente de 15 años durante un intento de asalto registrado la noche del domingo 29 de junio de 2025. La causa fue caratulada como “robo agravado en poblado y en banda en tentativa de homicidio” y es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 8 del partido de Moreno.

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El intento de robo ocurrió en Moreno, Argentina

Los hechos se desarrollaron en la localidad de Moreno, al oeste del conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. La oficial, de 31 años, iba de civil camino a tomar el colectivo para dirigirse a su lugar de trabajo, cuando fue interceptada en la intersección de las calles Lincoln y Copérnico por tres jóvenes a bordo de una motocicleta.

Según el reporte de Infobae, dos de los agresores descendieron del vehículo: uno portaba un arma de fuego y el otro, una llave francesa. Al identificarse como policía y dar la voz de alto, la agente se alejó varios metros e hizo uso de su arma reglamentaria, una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, con la que efectuó tres disparos.

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Uno de los proyectiles impactó a un menor en el rostro, a la altura del mentón. El joven murió en el acto. Los otros dos involucrados huyeron en la motocicleta y son buscados por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno–General Rodríguez.

La víctima fue identificada como Santiago Tomás Beltrán

El adolescente fallecido fue identificado como Santiago Tomás Beltrán, argentino, nacido el 10 de mayo de 2010 y residente en la misma localidad de Moreno. Según reportó Infobae, Beltrán tenía antecedentes penales: el 20 de mayo de 2025 fue imputado por robo agravado en poblado y en banda, luego de haber participado en el robo de una motocicleta junto a otros dos sujetos. En ese expediente, no se habían dictado medidas de coerción.

Al lugar del hecho llegaron agentes del Comando de Patrullas de Moreno, quienes constataron la muerte del menor. Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes en la vía pública, mientras que la fiscalía ordenó el secuestro del arma reglamentaria de la oficial para análisis balístico.

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La fiscalía consideró legítima defensa y no imputó a la oficial

De acuerdo con el diario La Nación, el caso fue clasificado como “robo agravado en poblado y en banda en tentativa de homicidio”. La fiscalía determinó inicialmente que la oficial actuó en legítima defensa, por lo que no se adoptaron medidas procesales en su contra. La agente resultó ilesa y permanece en libertad, aunque continuará sujeta a la investigación y al resultado de las pericias.

Las autoridades judiciales también ordenaron el relevamiento de cámaras de seguridad y la ampliación de la declaración testimonial de la agente, para esclarecer con mayor detalle cómo ocurrieron los hechos.

Familiares del menor exigen justicia y acompañamiento legal

La muerte de Santiago Beltrán generó manifestaciones de familiares y allegados, quienes expresaron su reclamo por una investigación imparcial. En redes sociales, se difundieron mensajes dirigidos a apoyar emocional y legalmente a la madre del adolescente. Uno de los posteos, citado por el medio Aire de Santa Fe, decía: “Lo dejaron re morir a mi negro”.

Organizaciones barriales y vecinos de la zona también comenzaron a convocar a encuentros para exigir el esclarecimiento de los hechos y la intervención de organismos de derechos humanos.

El caso se enmarca en el debate sobre la edad de imputabilidad en Argentina

El hecho ocurrido en Moreno sucede en un contexto de debate legislativo sobre la edad de imputabilidad penal en Argentina. Como informó La Nación, el 6 de mayo de 2025, un plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados emitió un dictamen de mayoría para reformar el régimen penal juvenil. Entre los cambios, se propone reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

El dictamen contempla que los menores solo cumplirán pena de prisión efectiva si el delito cometido está penado con 10 años o más. Para delitos de hasta 3 años, los jueces deberán optar por sanciones alternativas como amonestaciones o prestación de servicios comunitarios. Además, se establece que la privación de libertad debe ser la última medida y que los adolescentes no pueden ser alojados junto a adultos.