CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Abogados de derechos civiles que buscan una orden de restricción temporal contra un centro de detención de inmigración en los Everglades de Florida dicen que a los detenidos en el “Alcatraz de los Caimanes” se les ha prohibido reunirse con abogados, están retenidos sin cargos y que un tribunal federal de inmigración ha cancelado las audiencias de fianza.

Los abogados de inmigración argumentaron el lunes durante una audiencia virtual que se estaban violando los derechos constitucionales de los detenidos y que 100 de ellos ya fueron deportados desde el “Alcatraz de los Caimanes”.

Los abogados de los detenidos han sido informados de que el tribunal de inmigración no tiene jurisdicción sobre sus clientes, y los abogados de derechos civiles exigieron que los funcionarios federales y estatales identifiquen un tribunal de inmigración que tenga jurisdicción sobre los detenidos que pueda comenzar a aceptar peticiones de fianza.

"Esta es una situación de emergencia", dijo Eunice Cho, abogada de la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), durante la audiencia en el tribunal federal en Miami. "Los oficiales en el ‘Alcatraz de los Caimanes’ están tratando de forzar a las personas a firmar órdenes de deportación sin la capacidad de hablar con un abogado".

Pero Nicholas Meros, un abogado que representa al gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que la situación había evolucionado desde que se presentó la demanda de los grupos de derechos civiles, el 16 de julio. Se habían instalado salas de videoconferencia para que los detenidos pudieran hablar con abogados, y habían comenzado las reuniones en persona entre detenidos y abogados.

“Ha habido una serie de hechos que han cambiado”, dijo Meros durante la audiencia del lunes.

El juez federal de distrito, Rodolfo Ruiz, designado por el presidente Donald Trump, no emitió un fallo inmediato. Pidió a los abogados de derechos civiles que volvieran a presentar su queja para consolidar sus alegatos como una solicitud de orden judicial preliminar y estableció un calendario de presentaciones que culminará con una audiencia en persona el 18 de agosto.

El juez advirtió que su papel era proporcionar alivio a cualquier violación constitucional probada y dijo que "los intentos de transformar el tribunal en el guardián del ‘Alcatraz de los Caimanes’ no van a suceder aquí". El juez también permitió que los grupos de derechos civiles argumentaran por la divulgación de cualquier acuerdo entre los gobiernos federal y estatal que muestre quién tiene autoridad sobre el centro de detención, un tema confuso desde que se abrió hace un mes.

Conocer más sobre cualquier acuerdo "sería bueno para todas las partes, ya que el tribunal podría estar entrando en un agujero negro sobre la interacción entre las autoridades federales y estatales y ciertamente preocupaciones jurisdiccionales", dijo Ruiz. "Y ese es parte del problema: ¿quién está haciendo qué en esta instalación?".

La demanda es la segunda contra este centro de detención para migrantes en Florida. Grupos ambientalistas demandaron el mes pasado a funcionarios federales y estatales pidiendo que se detenga el proyecto construido en una pista de aterrizaje en el corazón de los Everglades porque el proceso no siguió las leyes ambientales estatales y federales.

Los abogados del estado de Florida y del gobierno federal han argumentado en ambos casos que el Distrito Sur del tribunal federal en Florida era el lugar incorrecto, ya que la pista de aterrizaje está ubicada en el condado vecino de Collier, que es parte del Distrito Medio, aunque la propiedad es propiedad del condado de Miami-Dade. También argumentaron que la toma de decisiones tuvo lugar en Tallahassee, que está en el Distrito Norte. Una audiencia sobre si el distrito sur es el lugar adecuado en el caso ambiental está programada para el miércoles.

"Todas las actividades que los demandantes alegan que perjudican sus intereses —construcción, pavimentación, detención— ocurrieron en el Distrito Medio, no en el Distrito Sur. Y toda la toma de decisiones relevante ocurrió en el Distrito Medio o en el Distrito Norte de Florida", dijeron el viernes los abogados del Departamento de Justicia federal en una presentación judicial para la demanda ambiental.

Los críticos han señalado que la instalación es una amenaza cruel e inhumana para los detenidos, mientras que DeSantis y otros funcionarios estatales republicanos la han defendido como parte del impulso agresivo del estado para apoyar las acciones del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha elogiado a Florida por presentar la idea, mientras su agencia busca expandir significativamente su capacidad de detención migratoria.

En una conferencia de prensa en Panama City Beach el lunes, DeSantis dijo que esperaba que el ritmo de las deportaciones aumentara en la instalación.

"La realidad es que, si no apoyas enviar a alguien de regreso a su propio país que ingresó ilegalmente y ya se le ha ordenado que está violando la ley y se le ha ordenado ser removido, si no apoyas eso, entonces estás a favor de una frontera abierta", dijo DeSantis. "Rechazo eso. Así no puede operar un país".