El 4 de julio de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la ley que regirá su plan económico y que incluye extensiones en recortes de impuestos y una drástica redistribución de gastos, entre otros. Parte de estas disposiciones impacta directamente a los migrantes. Lo analizamos.

Con alrededor de 900 páginas, el llamado One Big Beautiful Bill Act (Una Ley Grande y Hermosa) de Donald Trump es una extensa colección de exenciones fiscales, recortes de gastos y nuevos fondos para la defensa nacional y las deportaciones.

Aunque sus efectos sobre la economía, la atención médica y los programas gubernamentales, todavía son inciertos, la ley está en línea con una agenda republicana dirigida a cumplir la promesa de Donald Trump de hacer “la mayor operación de deportación nacional” en la historia de del país, según expertos.

“La ley elimina el acceso a seguros de salud y asistencia de nutrición a muchos inmigrantes presentes legalmente y priva a millones de hijos de un padre o madre inmigrante de los beneficios antipobreza del crédito tributario por hijo”, concluye un análisis del National Immigration Law Center, una de las principales organizaciones de defensa de migrantes en la Unión Americana.

También “financia una expansión masiva del presupuesto de detención y cumplimiento de las leyes de inmigración”, añade el informe, que también detalla las mayores tarifas a las que se verán sometidos no solo aquellos que viven -legal o ilegalmente- en Estados Unidos, sino quienes tienen previsto viajar como no inmigrantes.

¿Contribuye este plan a su agenda anti-inmigación? Expertos coinciden en que sí.

Más presupuesto para deportaciones

El objetivo declarado de la Administración Trump es deportar a alrededor de un millón de personas al año.

Maureen Meyer, vicepresidenta para Programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés) dijo a France 24 que, para una creciente población indocumentada o sin estatus legal, “el presupuesto implica muchos más fondos para que Trump pueda cumplir con sus promesas de deportaciones masivas”.

Según esta organización, la ley fiscal de Trump destina más de 170 mil millones de dólares a la aplicación de leyes migratorias y al endurecimiento de las fronteras hasta 2029, una agenda que incluye, por ejemplo, la construcción del muro entre Estados Unidos y México y 100.000 camas en centros de detención de migrantes.

Todo implica un ambiente muy hostil para la población migrante, incluyendo quienes están de forma legal

Para contribuir a la financiación de estos programas, tanto inmigrantes como no inmigrantes se enfrentarían a nuevas tarifas.

Expedición de visas (y otros trámites) ahora será más costosa

Estados Unidos emitió casi 11 millones de visas de no migrante en 2024, según cifras del Departamento de Estado.

Con la nueva ley, la Casa Blanca impondrá una tarifa extra de al menos 250 dólares a las visas de todos los extranjeros que ingresen al país como no migrantes, como un cargo adicional a los que ya se aplican.

El nuevo cobro conocido como ‘tarifa de integridad de visa’ va dirigido a todos los extranjeros que ingresan al país con una visa que no sea de migrante como de turistas, visa de negocios, y estudiantes internacionales.

La tarifa se ajustará según la inflación, no habrá exenciones para personas de bajos recursos y los viajeros que cumplan con las condiciones de su visa y salgan tendrán derecho a un reembolso, según lo dispone la ley.

El valor podría reembolsarse solo después de que la visa expire y el titular demuestre un perfecto historial de cumplimiento.

No sólo subirá el costo de las visas

La ley también impone incrementos en el valor de otras solicitudes migratorias como el asilo y el Estatus de Protección Temporal (TPS), así como las presentadas por personas que enfrentan la deportación en tribunales de inmigración.

“La ley convierte la inmigración en un sistema de pago por uso al aumentar significativamente las tarifas de las solicitudes de beneficios”, explica el Consejo Americano de Inmigración (AIC por sus siglas en inglés).

En un comunicado, agregó que estas “elevadas” tasas bloquean el acceso a estos servicios a personas que no pueden costear los pagos extra.

Por ejemplo, por primera vez, los solicitantes de asilo no solo deben pagar una tarifa para solicitar asilo —fijada en 100 dólares—, sino una tarifa adicional de 100 dólares cada año que la solicitud esté pendiente de resolución.

Pablo Pérez, abogado de Inmigración, considera que esta medida afecta particularmente a “las personas que piden estatus legal como asilo o quienes están intentando mantener su autorización de empleo, trabajadores humanitarios, o quienes piden protección temporal”.

Por otro lado, aumentan los costos asociados a procedimientos de Corte como apelaciones, de alguna manera desincentivando que las personas puedan seguir sus procesos legales o haciéndolos económicamente menos viables que hasta ahora

Así mismo, se estableció una nueva cuota mínima de 5,000 dólares para cualquier persona aprehendida entre puertos de ingreso sin autorización, sin excepción para las personas que quieren pedir asilo.

Esta ley “le permite (a Donald Trump) desarrollar muchas de las acciones ejecutivas que firmó en enero de este año porque dota de más presupuesto a las agencias migratorias, además de aumentar barreras de acceso algunos beneficios como el asilo o el trabajo”, concluyó Pablo Pérez.

Recortes en beneficios federales

Para financiar la extensión del recorte de impuestos que vencía a finales de este año, incluida en la ley fiscal, así como las deducciones por propinas y horas extras, entre otras, la norma recorta el gasto futuro en Medicaid y asistencia alimentaria para las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza.

“Los migrantes ilegales no tienen acceso a casi ninguno de estos programas y en ese sentido no los afecta. Está bien documentado que los inmigrantes pagan impuestos (por ejemplo, el impuesto al ingreso y a las ventas) pero no tienen acceso o prefieren no utilizar programas de asistencia del Gobierno”, dice el analista Sergio Ocampo Díaz, profesor adjunto de economía en la Universidad de Western, Ontario.

A su opinión se suma Maureen Meyer: “Ya hemos visto el miedo de muchas familias -sobre todo de estatus mixto-, que no quieren ni siquiera acceder a los servicios a los que tienen derecho por el miedo de ser deportados (…) Hay muchos niños con todo el derecho a acceder a beneficios del Gobierno o a servicios médicos y no lo están haciendo”, agregó.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), una entidad no partidista, estima que la ley de impuestos y gastos dejará a más de diez millones de personas sin seguro de aquí al 2034, aunque no está claro cuántos de los 71 millones de beneficiarios de Medicaid no son nacidos en Estados Unidos.

Un impuesto que hubiera podido ser más amplio

El paquete fiscal republicano también establece un nuevo impuesto sobre las remesas, o transferencias de dinero que los residentes de Estados Unidos envían a sus familiares en el extranjero. El gravamen equivale al 1% de la transferencia, a pesar de que la propuesta inicial era del 5%.

Esta tasa “sólo afectará a aquellas remesas en efectivo, no a las transacciones bancarias que ya están dentro del sistema financiero”, especificó William Murillo, presidente ejecutivo de 1800 Migrante.

El activista aclaró que “ese 1% representa miles de millones de dólares que va a recibir el Gobierno y que le ayudarán a reducir el gran déficit que tiene. Porque no es que vayan a poner ese 1% a favor de los migrantes, al contrario”. En ese sentido, concluyó:

Los planes antiinmigrantes van a ser financiados por los mismos inmigrantes

Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales

Autor: Daniela Blandón Ramírez