WASHINGTON (AP) — Un juez federal dictaminó el miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump le debe otorgar a los más de 100 migrantes enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador la oportunidad de impugnar sus deportaciones.

El juez principal del tribunal de distrito, James Boasberg, afirmó que las personas que fueron enviadas a la prisión en marzo al amparo de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, no han podido impugnar formalmente las deportaciones, ni las acusaciones de que pertenecen a la pandilla venezolana Tren de Aragua. Le ordenó al gobierno que emprenda labores para ofrecerles una vía para presentar esas impugnaciones.

El juez escribió que ha surgido “evidencia significativa” que indica que muchos de los migrantes encarcelados en El Salvador no están relacionados con la pandilla “y por lo tanto languidecen en una prisión extranjera gracias a acusaciones endebles, e incluso frívolas.”

Boasberg le dio al gobierno un plazo de una semana para encontrar la manera en la que las "al menos 137" personas puedan presentar esas reclamaciones, incluso mientras se encuentran formalmente bajo la custodia de El Salvador. Se trata del más reciente capítulo en una saga jurídica de varios meses sobre el destino de las personas que fueron deportadas desde Estados Unidos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.

Después de que Trump invocó en marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y se preparó para enviar aviones repletos de presuntos miembros de pandillas a El Salvador —fuera de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses— Boasberg ordenó que los aviones volaran de regreso al país, exigencia que fue ignorada.

Boasberg ha encontrado causa probable para determinar al gobierno en desacato del tribunal después de que el vuelo aterrizó en la nación centroamericana. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se burló del hecho en las redes sociales —un mensaje que fue republicado por algunos de los principales asesores de Trump— diciendo: “Ups, demasiado tarde”.

La Corte Suprema federal dictaminó posteriormente que cualquier persona acusada en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros tiene derecho a apelar ante un juez para impugnar su designación como enemigo del Estado. En su más reciente decisión, Boasberg destacó que simplemente estaba aplicando ese principio a aquellos que habían sido expulsados del país.

Boasberg dijo que el gobierno “claramente privó” a los inmigrantes de la oportunidad de impugnar sus deportaciones antes de que fueran colocados a bordo de los vuelos. Por lo tanto, afirma que el gobierno ahora debe manejar los casos como “hubieran sido si el gobierno no hubiera proporcionado un proceso constitucionalmente inadecuado”.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El gobierno y sus partidarios han criticado a Boasberg por su orden inicial de suspender las deportaciones y por su investigación por desacato, parte de su creciente batalla contra el poder judicial que ha frenado los esfuerzos de Trump por remodelar unilateralmente al gobierno. La lucha ha sido particularmente intensa en materia de inmigración, y Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que sería imposible proteger al país de los inmigrantes peligrosos si cada uno de ellos va a juicio.

“¡No podemos darle un juicio a todos!” publicó el presidente en su plataforma de redes sociales Truth Social, después de que la Corte Suprema intervino por segunda vez en la saga en torno a la Ley de Enemigos Extranjeros, frenando un posible esfuerzo por eludir su fallo inicial al congelar temporalmente las deportaciones desde el norte de Texas.

Boasberg escribió que aceptó la declaración precintada del gobierno en la que brinda detalles del acuerdo con El Salvador para albergar a los deportados y cómo eso significa que los venezolanos están técnicamente bajo el control legal de El Salvador y no de Estados Unidos. Añadió —al tiempo que destacaba la existencia de una pena criminal por proporcionar testimonio falso— que creer en esas representaciones resultó “más difícil dado el preocupante comportamiento del gobierno a lo largo de este caso”.

También resaltó las comparaciones con otro caso en el que el gobierno de Trump admitió que deportó por error a un hombre de Maryland a El Salvador y por el que un juez, magistrados de apelación y la Corte Suprema de federal le han ordenado “facilitar” su regreso.

Ese hombre, Kilmar Ábrego García, permanece en El Salvador más de dos meses después de su deportación.

El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, aplaudió el fallo de Boasberg.

“Este es un paso significativo para darle a estos hombres la oportunidad de demostrar que nunca debieron ser expulsados bajo una autoridad de tiempos de guerra”, destacó Gelernt a los periodistas en San Diego después de una audiencia en otro caso.

La orden de Boasberg es tan sólo la más reciente en una avalancha de fallos legales en el extenso caso de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Varios jueces han ordenado la suspensión temporal de deportaciones al amparo de esta ley en partes de Texas, Nueva York, California y Pensilvania, entre otros, determinando que la ventana de 24 horas que el gobierno otorgó a los detenidos para impugnar su designación no cumplía con el requisito de la Corte Suprema de proporcionar una oportunidad “razonable” para buscar alivio. Las expulsiones de personas que se encuentran sin permiso legal en el país pueden continuar en esas zonas en virtud de otras leyes.

Algunos de los jueces en esos casos también han determinado que Trump no puede usar la ley para ir en contra de un grupo delictivo en lugar de un Estado, subrayando que la ley solamente ha sido invocada en tres ocasiones a lo largo de la historia: durante la Guerra de 1812 y durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Es probable que la Corte Suprema intervenga eventualmente para decidir estos temas. El gobierno federal sostiene que la pandilla actúa al amparo del gobierno de Venezuela.