La decisión del Tribunal Constitucional se adoptó por amplia mayoría de sus miembros, poniendo fin a la carrera parlamentaria ininterrumpida que Isabel Allende extendió por tres décadas como parte del Congreso Nacional, medida que tendrá efecto una vez se notifique oficialmente a la histórica militante del Partido Socialista (PS).

"La memoria del presidente Allende permanecerá intacta. El fallo no la mancilla. Hoy no habrá museo, pero seguirán las calles y plazas con su nombre a lo largo de todo Chile y el mundo, así como su legado político y el cariño de millones de compatriotas", señaló la socióloga a través de un comunicado, a la espera de la sentencia oficial.

"En mis más 30 años de servidora pública jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes" agregó Allende, quien subrayó que tiene "la certeza de haber actuado siempre con total integridad".

El requerimiento que dio origen al fallo fue interpuesto por diputados de oposición, particularmente militantes del ultraderechista Partido Republicano y miembros de la coalición Chile Vamos, que aglutina a Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI).

"Valoramos esta resolución de acoger nuestro requerimiento para cesar en el cargo a la senadora Isabel Allende por haber incurrido en un ilícito constitucional (...) Los parlamentarios no pueden celebrar contratos con el Estado, y una persona que ha estado en puestos por más de 30 años no podía sino conocer esta causal de destitución", señaló en un punto de prensa el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Los detalles del caso

La controversia empezó a fines de 2024, cuando el Gobierno anunció la compra por 933 millones de pesos (cerca de un millón de dólares al cambio de hoy) de la residencia de Allende con el objetivo de convertirla en un museo.

Esta operación consideraba la firma de contratos con la nieta y exministra de Defensa, Maya Fernández, y una de las hijas de Salvador Allende, la senadora socialista Isabel Allende, ambas impedidas constitucionalmente para celebrar contratos con el Estado por sus cargos públicos.

A fines de marzo, el jefe de Estado, Gabriel Boric, prestó declaración de forma voluntaria y presencial en la investigación judicial abierta por este caso, indagatoria que busca esclarecer un presunto fraude al fisco en razón de los contratos que iban a firmarse.

Boric, que en su calidad de presidente de la República estaba eximido de ser citado a declarar, dio su testimonio en calidad de imputado, porque hay una querella presentada por un tercero en su contra y que fue ampliada a otros presuntos delitos en el marco de la causa.

Además de la casa de la familia Allende, el Ejecutivo anunció la compra de la casa del expresidente Patricio Aylwin (1990-1994) para transformarla en un museo, propuesta que no tuvo buena recepción y sufrió múltiples críticas por parte de la oposición.

A las pocas semanas, Boric cesó por esta polémica a la entonces ministra de Bienes Naciones, Marcela Sandoval, y a principios de marzo dimitió Maya Fernández como jefe de Defensa, después de que la oposición ultraconservadora presentara una Acusación Constitucional contra ella, que fue desestimada.

Boric respalda a la senadora Allende tras la destitución

Luego de que se hiciera público el fallo contra la hija de Allende, el actual jefe de Estado expresó su apoyo este viernes, 4 de marzo, con la ahora destituida senadora.

"Respetando las instituciones como me corresponde, puedo afirmar que tengo plena certeza de su integridad y que jamás, jamás, ha intentado sacar ventajas pequeñas. Siempre ha tenido a Chile por delante", señaló el mandatario en su cuenta de X.

Boric, que se encuentra fuera del país en una gira por India, expresó su "eterno respeto" hacia la parlamentaria y afirmó que Chile "le debe mucho". Además, recalcó que la figura de Allende y de su familia "jamás será mancillada".