CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Un grupo de abogados de derechos humanos demandó a Costa Rica, alegando que la nación centroamericana violó los derechos de docenas de niños migrantes al detenerlos en un campamento rural durante casi dos meses tras ser deportados de Estados Unidos en febrero.

Los niños, algunos de tan sólo 2 años, forman parte de un grupo de cientos de migrantes de países mayoritariamente asiáticos —Afganistán, China, Rusia y otros— que fueron deportados de Estados Unidos, parte de una iniciativa más amplia del gobierno del presidente Donald Trump para incrementar las deportaciones.

Muchos esperaban solicitar asilo en Estados Unidos y expresaron temor de regresar a sus propios países. En cambio, fueron dejados en Costa Rica y Panamá, donde no hablan el idioma local. En un principio se tenía pensado que esos países fueran una especie de escala de deportación, pero los migrantes ya llevan 50 días en el limbo.

Los críticos dicen que es una forma para que Washington exportara su proceso de deportación, mientras que grupos defensores de los derechos humanos advierten que los dos países se estaban convirtiendo en un "agujero negro" para los deportados.

En Costa Rica, unos 200 migrantes —81 de ellos niños— fueron llevados a un centro rural de procesamiento de migrantes a lo largo de la frontera costarricense con Panamá y detenidos en un edificio que solía ser una fábrica.

La demanda del Consejo Global de Litigios Estratégicos (GSLC, por sus siglas en inglés) y otros grupos defensores de los derechos humanos fue presentada el jueves por la noche ante el comité de la ONU que supervisa la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, y alega que Costa Rica violó la convención.

Silvia Serna Román, una de las abogadas que presentó la demanda, indicó que los migrantes permanecieron detenidos sin estatus legal, sin acceso a servicios educativos ni de salud mental en su idioma nativo. Ha generado preocupación por los impactos a largo plazo que la detención prolongada podría tener en los niños, ya que muchos padres han informado que sus hijos parecen aislados o tristes.

“Los niños están en una parte muy crucial de su desarrollo, y todos están huyendo de contextos complicados en sus países. Y ahora están sujetos a detención por períodos de tiempo diferentes, pero prolongados, y a un trato inhumano”, declaró Serna Román el viernes. "Los padres están preocupados".

Serna Román indicó que los migrantes han tenido poco acceso a asesoría jurídica. El gobierno costarricense ha dicho que los migrantes podrían salir de la instalación de detención si aceptan regresar a sus países de origen o solicitar asilo en Costa Rica.

Pero la abogada señaló que muchas familias temen que no tendrían a dónde ir y potencialmente terminarían en la calle, por lo que han permanecido en "detención indefinida" en la instalación conocida como CATEM.

"Muchas personas tienen miedo de dejar CATEM porque al menos significa refugio, significa tres comidas al día, significa un techo sobre sus cabezas", observó Serna Román. "El gobierno costarricense no ha sido claro sobre cómo planean proteger aún más a estas personas".

A The Associated Press le ha sido negado el acceso repetidas veces a la instalación de detención desde que llegaron los migrantes, pero cuando los periodistas visitaron el campamento en 2023, las familias dormían en cartones o en tiendas de campaña en el suelo, donde algunos dicen que se filtra líquido de los baños portátiles, y a la vez la comida escasea.

Autoridades costarricenses han cuestionado informes de la Defensoría del Pueblo del país, los cuales indicaban que los deportados llegaron a Costa Rica visiblemente angustiados y que las autoridades no garantizaron condiciones adecuadas para los que arribaban.

El presidente costarricense Rodrigo Chaves señaló en febrero que, al aceptar a los migrantes asiáticos, su país estaba ayudando al hermano económicamente poderoso del norte, según llamó a Estados Unidos.

La demanda de GSLC y grupos locales de derechos humanos es tan sólo el más reciente de una serie de enfrentamientos jurídicos que han surgido en torno a los deportados enviados a países centroamericanos. El mismo grupo de abogados presentó un caso similar contra Panamá, que mantenía detenidos a migrantes en hoteles y en campamentos remotos cerca de la selva del Darién, donde los deportados dijeron que les quitaron sus teléfonos. Las duras críticas llevaron al gobierno panameño a liberar a los migrantes en las calles de Ciudad de Panamá el mes pasado, ante lo cual muchos migrantes tuvieron que valerse por sí mismos.

Más recientemente, la deportación de grupos de migrantes venezolanos y un ciudadano estadounidense a El Salvador, donde han sido retenidos en una prisión de alta seguridad para pandillas, con poca evidencia para respaldar las supuestas afiliaciones a pandillas, también ha alimentado choques jurídicos y encarnizadas luchas políticas.