CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Reclutamiento forzado, violación y abusos sexuales, homicidios y lesiones, son algunos de los agravios que niñas y niños de Haití tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021, generando un escenario en el que “las bandas criminales controlan gran parte de la capital, lo que ha provocado una crisis humanitaria de gran alcance”.  

En un reciente informe, “’Soy una niña ¿Por qué me ha pasado esto?’ Agresiones de bandas criminales a la infancia en Haití”, Amnistía Internacional alerta sobre las consecuencias de la violencia contra las infancias en el área metropolitana de Puerto Príncipe, la capital de Haití, causando “angustia generalizada y ha socavado un sinfín de derechos humanos de los niños y las niñas, como el derecho a la educación, al desarrollo físico y mental, a la protección frente a la violencia, la explotación y los abusos, y a la libertad de circulación”. 

Al recordar que la crisis humanitaria llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a enviar una misión multinacional en materia de seguridad, el documento resalta que “el tejido comunitario estará en peligro durante décadas”, si las autoridades haitianas no cumplen sus obligaciones internacionales contraídas en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño y no recurren a ayuda internacional para proteger a las infancias y adolescencias.  

Entre mayo y octubre de 2024, Amnistía Internacional lidereó una investigación que incluyó el trabajo sobre terreno en Puerto Príncipe. La organización entrevistó a 112 personas, entre ellas 31 niñas y 20 niños de entre 10 y 17 años, y a una joven de 18 años, sobreviviente del ataque sexual de una banda criminal cuando era niña. 

Amnistía también habló con “progenitores, autoridades gubernamentales, personal de ayuda humanitaria tanto de Haití como internacional y miembros de personal de la ONU”, además de revisar decenas de videos y fotografías, así como documentos relacionados con la investigación sobre graves violaciones a derechos humanos cometidas contra la población infantil y que también están reportados en el informe anual el Secretario General de la ONU sobre niños y los conflictos armados.  

Entre los menores entrevistados, Amnistía habló con 14 que habían sido víctimas de reclutamiento forzado por banas criminales, quienes “los explotaban de diversas formas, entre ellas para espiar a banas criminales rivales y a la policía, hacer repartos y tareas domésticas, realizar trabajos de construcción y reparar vehículos”.  

Los 11 niños y tres niñas entrevistados dijeron a la organización que “no tenían elección y que su participación se debía predominantemente al hambre o al miedo”.  

Entre los testimonios recabados destacan el de un niño de 12 años, obligado a ser informante para miembros de la banda Grand Ravine, y que de no hacerlo “me habrían matado”, en tanto que un preadolescente, confesó que una de las bandas criminales le proporcionó un arma para cometer actos delictivos, hasta que fue detenido.  

“Algunos niños y niñas describieron que habían recibido golpes y amenazas por negarse a cumplir órdenes”, resalta el informe tras alertar que los menores entrevistados contaron que aceptan involucrarse para proteger a sus familias.  

  Los niños y niñas también revelaron su temor a la policía los detenga sin motivos, sólo por proceder de zonas bajo el control de las bandas criminales. La organización documentó el caso de un adolescente de 16 años que fue sacado de su domicilio acusado de forma ilegítima de haber participado en el ataque a una comandancia de policía, acusación de la que se libró luego de que su comunidad reunió 700 dólares estadunidenses para pagar un abogado. 

Amnistía Internacional agrega en su informe que una amenaza más para la niñez y adolescencia reclutada son los grupos de autodefensa llamados “Bwa Kale”, que han protagonizado linchamientos contra presuntos integrantes de banas criminales, sin importar la edad de los presuntos delincuentes. Durante la investigación, la organización documentó que cinco niños habían sido detenidos por un grupo de autodefensa, y “al menos uno de ellos recibió una fuerte paliza antes de ser entregado a las autoridades”.   

La organización destaca que la crisis de reclutamiento forzado de menores ha desbordado el sistema de justicia y de reclusión, tanto así que el Centro de Reeducación de Menores en Conflicto con la Ley (CERMICOL) tiene cuatro veces más población penitenciaria de la que tiene capacidad. “Cerca de 300 hombres, mujeres y niñas comparten el espacio con los aproximadamente 100 niños para los que estaba destinado inicialmente”, mientras que el Juzgado de Menores de Puerto Príncipe no funciona desde 2019, provocando que al momento de la investigación 93 chicos estaban recluidos sin sentencia, se lee en el documento. 

En cuanto a las violaciones y actos de violencia sexual, Amnistía expone “los casos de 18 niñas que fueron violadas y sometidas a ogras formas de violencia sexual por miembros de bandas criminales”, algunas de ellas violadas más de una vez.  

Se detalla que en 10 casos “las niñas fueron sometidas a violación colectiva y, en 9 casos, secuestradas”, en tanto que dos niñas fueron agredidas en centros para desplazados mientras huían de la violencia en sus lugares de origen. 

A partir de las entrevistas, las víctimas señalan como sus atacantes a miembros e las banas de 400 Mawozo, Grand Ravine, 5 Segon y posiblemente Chen Méchant, y que algunas de las bandas las habían secuestrado para prostituirlas. 

Relatos de madres que tuvieron que entregar a sus hijas a bandas criminales para que el resto de la familia no fuera asesinada, así como de jóvenes que fueron violadas tumultuariamente y después quedar embarazas, forman parte del informe que alerta que muchas de las víctimas recurrieron a métodos inseguros para interrumpir embarazos no deseados debido a que en Haití está prohibido el aborto.  

En su informe la organización advierte que muchas adolescentes que resultaron embarazadas como resultado de violaciones tumultuarias, se ven obligadas a prostituirse para mantenerse a ellas y a sus hijos, ante el desamparo en que se encuentran.  

La inseguridad para las niñas en Haití es latente incluso en espacios destinados para recibir a personas desplazadas donde prevalece el hacinamiento, dos de esos refugios visitados por la organización, donde se documentan dos casos de niñas violadas en estos centros.  

“Las sobrevivientes hablaron de su terrible experiencia para superar el estigma asociado a la violencia sexual y el rechazo de la comunidad en general, y a veces, también de su propia familia”, sin contar que mantienen el temor de volver a ser víctimas de violación por parte de bandas criminales. 

Al destacar que varias niñas y adolescentes víctimas fueron contagiadas de enfermedades de transmisión sexual y que carecen de atención médica o psicológica, Amnistía Internacional señala que “las sobrevivientes de violencia sexual siguen enfrentándose a diferentes obstáculos para acceder a la justicia, en medio de la impunidad generalizada que asola Haití”.  

El reporte de Amnistía Internacional apunta que el ambiente de violencia generalizada en Haití afecta de manera directa a niñas y niños, y que durante su investigación se documentaron diez infantes heridos y dos muertos, de entre cinco y 17 años, como consecuencia de enfrentamientos entre bandas criminales o bien de alguna e estas con la policía entre las organizaciones criminales se ubica a las banas Brooklyn, Simón Pelé, Belekou, Boston y Gran Ravine.  

El informe aborda la situación de 11 niños y niñas con discapacidad que han sufrido la violencia de las banas criminales, dejándolos sin sus aparatos para moverse, como muletas o sillas de ruedas.  

“La exposición a violencia prologada afecta la salud mental ya que causa nuevas situaciones de angustia y trastornos mentales, además de afectar aún más a las personas con condiciones prexistentes”, dice la organización que cita la narración de una niña de 13 años que sobrevivió a una masacre perpetrada por Grand Ravine: “Vi cadáveres…Tengo pesadillas, no puedo dormir. Me vienen imágenes de lo que vi…Antes podía estudiar sin problemas. Ahora es difícil, ya que revivo todo lo que vi”.  

Ante la violencia imparable en Haití, que ha causado “un daño incalculable a la infancia”. Amnistía Internacional hace una serie de recomendaciones tanto al gobierno caribeño como a la comunidad internacional, que no puede quedarse impávida frente a la violencia.  

“Es crucial que se aplique un proceso eficaz de desarme, desmovilización y reintegración de menores”, considera la organización al alertar que “se está formando toda una nueva generación de miembros en las decenas de bandas criminales que operan en el área metropolitana de Puerto Príncipe y sus alrededores”.  

En cuanto a las personas sobrevivientes de violencia sexual, la organización resalta que “necesitan apoyo desesperadamente”, con la finalidad de “restablecer la dignidad y otros derechos de las niñas que han sufrido agresiones brutales, hay que dar prioridad a los servicios especializados y a las medidas judiciales eficaces”.  

Asimismo, la organización internacional recomendó al gobierno haitiano hacer esfuerzos por abatir la impunidad, que garantice los derechos de la infancia y de la población en general, en tanto que a la comunidad internacional urgió a no retornar a Haití a las personas que huyen e la violencia.  

“La comunidad internacional no puede seguir haciendo promesas vacías y manifestando una preocupación hueca sobre la situación de Haití El país necesita asistencia técnica y financiera inmediata y sostenida para evitar que se pierda una generación de menores a causa de los repetidos ciclos de violencia de las bandas criminales, sobre todo en vistas de que éstas siguen consolidando su territorio y su poder”, concluye Amnistía Internacional en su informe.