El presidente turco, Tayyip Erdogan, “se cree un sultán”, opina un compatriota suyo. Y los hechos confirman esa opinión: el mandatario impuso –por su mayoría y de forma violenta– en el Parlamento un paquete de reformas que concentran en su persona todos los poderes del Estado y le abren la posibilidad de gobernar hasta el año 2029. Y a quienes se oponen a su recién estrenado poderío los amenaza de acusarlos de golpistas o los aplasta con la policía, mientras centenares de personas han sido llevadas a juicio, acusadas de “insulto al presidente”… CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Inermes ante la aplanadora formada por la alianza del gobernante partido de la derecha religiosa, el de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y el de extrema derecha laica, Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), que en conjunto sobrepasan 60% de los escaños del Parlamento, los diputados de oposición han sido aplastados también en su búsqueda de formas de oponerse al paquete de reformas legislativas, que contiene un total de 18 modificaciones, que concentrará los poderes del Estado en el presidente Tayyip Erdogan. En la noche del 20 de enero, en vísperas de la jornada final de votación, la independiente Aylin Nazliaka se sujetó con esposas al micrófono de la tribuna, a manera de obstaculizar el procedimiento. Fue atacada de inmediato por mujeres representantes del AKP y en la gresca, que culminó con su expulsión del recinto, a otra opositora le arrancaron la prótesis del brazo. Tres legisladores más fueron hospitalizados. El antecedente se había producido el 12 de enero, con una gresca que en este caso fue masculina, surgida a raíz de que el opositor Ozgur Ozel protestó porque la mayoría ordenó impedir la transmisión televisiva de algunos debates clave (como el de ese día, cuando discutían eliminar la capacidad del Parlamento de llamar a cuentas a los ministros del gobierno) y de las intervenciones de los dipu­tados disidentes.­ Tras alegar que “ustedes están tratando de destruirse a sí mismos (en tanto que despojaban de poderes a la Cámara legislativa) cuando la televisión está apagada y nadie ve, no permitiremos que eso suceda”, Ozel exhibió una cámara que había introducido para transmitir lo que ahí ocurría. Sus compañeros formaron un círculo para protegerlo y, a pesar de la arremetida de los erdoganistas, lograron mantener la cámara funcionando. Pero sin micrófono: en la pelea el aparato desapareció. El 21 de enero, la maquinaria conjunta del AKP y el MHP logró sobrepasar con nueve votos el mínimo de 330 (60%) que necesitaba para aprobar los cambios. El siguiente paso es la celebración de un referendo (a celebrarse en abril) sin piso mínimo de participación, en el que una mayoría simple de 50% más uno de los votantes será suficiente para transformar la república parlamentaria turca en un régimen presidencial, en el que Erdogan se erigirá por encima del Legislativo y el Judicial, y podría incluso gobernar hasta el año 2029. “Esto no es una cosa que pasó de un día para otro, ni una ocurrencia de Tayyip”, explica Ergun (no es su nombre real),­ un periodista que ha visto interrumpida su carrera por la campaña generalizada de represión que siguió al golpe de Estado de julio pasado, y que por seguridad pide no dar a conocer su apellido. “Aunque lo hizo poco a poco, a toro pasado puedes ver los movimientos que realizó en los 14 años que lleva en el poder. Hoy se quiere asegurar, por lo menos, otros 12… sólo 12, pero ahora de poder total. Porque él no se cree presidente. Se cree un sultán”. Carrera hacia el poder De jugador de futbol, Erdogan pasó a alcalde de Estambul en 1997, postulado por el religioso Partido del Bienestar. El régimen laico seguía siendo muy estricto y tutelado por los militares, y en 1998, después de leer un poema islamista en un mitin, fue destituido y encarcelado por violar las leyes que separaban religión y política. Al ser liberado, en 2001, fundó el AKP, que ganó las elecciones el año siguiente y le permitió asumir como primer ministro en 2003. Fue reelecto en 2007 y 2011. En sus primeros años en el poder, Erdogan fue visto internacionalmente como un reformador que impulsaba la modernización económica de Turquía al mismo tiempo que hacía compatible su fe con un gobierno democrático, que además buscaba la integración de su país a la Unión Europea. Apoyado en el clérigo Fethullah Gulen, cuya extensa red llamada cemaat hizmet (comunidad de servicio) había logrado colocar a sus leales en puestos clave del Poder Judicial, la administración pública, la policía e incluso el Ejército, logró impulsar procesos judiciales que, pese a basarse generalmente en pruebas falsas, lograron desmontar las estructuras de poder de los militares –e incluso, encarcelar a algunos– que durante el siglo XX habían sometido a otros jefes de gobierno con tres golpes castrenses (1960, 1971 y 1980). Otro de sus logros, desde 2012, había sido impulsar el diálogo con los kurdos, que representan entre 15 y 20% de la población y se consideran una minoría oprimida (su idioma, por ejemplo, estaba prohibido), y cuyo Partido de los Trabajadores del Kurdistán inició una guerra independentista en 1984. En 2014 Erdogan estaba legalmente impedido de ser primer ministro por cuarta vez y saltó a la Presidencia, un cargo ceremonial que, sin embargo, ejerce sometiendo al primer ministro bajo su autoridad. Desde 2011 había hecho pública su aspiración de reformar la Constitución para concentrar los poderes en el presidente. Gulen, su aliado clave durante una década, se opuso y entraron en un conflicto directo que tuvo un momento culminante en diciembre de 2013, cuando la policía detuvo a los hijos de tres ministros del gobierno y el gerente del banco Halkbank, y se filtraron conversaciones de Erdogan con uno de sus hijos, en las que parecían ponerse de acuerdo para ocultar grandes sumas. En respuesta, el gobierno ordenó la destitución inmediata de cientos de fiscales y agentes policiacos. Un segundo frente fue establecido contra los kurdos: Erdogan veía a ese pueblo, con bajos niveles educativos y fervorosamente musulmán, como una de sus bases naturales de apoyo que se había alejado por la lucha separatista y quedado bajo el liderazgo de un partido marxista, el PKK. En su lógica, el diálogo le permitiría desactivar el conflicto y atraer a sus huestes a millones de electores kurdos religiosos. La jugada salió mal: gracias a la paz, el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), una alianza entre kurdos y grupos de izquierda, logró superar la barrera mínima de 10% de los votos (establecida precisamente para impedir el acceso de los kurdos al Parlamento) y ganar tantos dipu­tados que, por primera ocasión desde 2003, el partido de Erdogan perdió la mayoría parlamentaria absoluta en las elecciones legislativas de junio de 2015. Esto abrió un periodo de indefinición que condujo a nuevos comicios: en los cinco meses que siguieron, Erdogan rompió el diálogo con los kurdos y se reinició la guerra intestina. La intervención turca en Siria, además, convirtió a Turquía en un objetivo de ataque para grupos como el Estado Islámico y, atrapado entre ambos conflictos, el país pronto se vio en un estado de caos –con numerosos bombazos que dejaron decenas de víctimas– en medio del cual el presidente se erigió como el líder fuerte que necesitaba la nación en tiempos de amenaza. Su partido subió de 40% de los votos en junio a 49% en noviembre, y recuperó la mayoría absoluta. Estado de terror No hay una versión generalmente aceptada de quién impulsó el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, extraño por su aparente improvisación y porque sólo fue apoyado por un pequeño sector de las fuerzas armadas, con alrededor de 10 mil efectivos, y que dejó alrededor de 300 muertos. El gobierno asegura, sin pruebas, que el responsable fue Gulen. Y éste afirma, también sin evidencia, que fue Erdogan como una manera de reforzar su poder. El resultado, en todo caso, abrió el camino a la reforma constitucional que quería el presidente, pues justificó la imposición de un estado de terror: el 19 de enero Erdogan reveló las cifras aproximadas de lo que hasta ahora habían sido estimaciones: en seis meses desde el incidente fueron arrestadas 43 mil personas y otras 95 mil despedidas de la administración pública y las fuerzas de seguridad. Además fueron cerradas tres agencias de noticias, 16 estaciones de televisión, 23 estaciones de radio, 45 diarios, 15 revistas y 29 editoriales. Alrededor de 80 reporteros están en prisión y muchos más han tenido que salir del país. “Yo no soy un periodista valiente”, dice Ergun, que por esta razón prefiere no ser identificado. “En Turquía, ya pocos lo son”. El gobierno ha actuado contra decenas de miles de ciudadanos sin aportar pruebas. Personas y medios de comunicación opuestos tanto al gobierno como a Gulen han sido purgados. De los 59 diputados del HDP, la alianza de kurdos e izquierdistas, 11 fueron encarcelados, incluidos los dos principales dirigentes del partido. Como primer ministro, Erdogan aprovechó los poderes del cargo; ahora que es presidente, lo va a desaparecer. Si los electores votan por el sí en el referendo, tanto él como su gabinete dejarán de ser responsables ante el Parlamento, que ya no podrá ordenar que se presenten a dar cuentas; de hecho, los miembros del gobierno ya no serán aprobados por los dipu­tados y éstos perderán la capacidad de derribarlo negándole el voto de confianza. En cambio, el jefe de Estado sí podrá disolver el Parlamento y suspender las garantías constitucionales mediante la declaración del estado de emergencia. En los hechos, el Poder Judicial también carecerá de poderes para vigilar al Ejecutivo, porque la mitad de los integrantes de su órgano supremo, el Alto Consejo de Jueces y Fiscales, será designada por el presidente, y la otra parte, por el Parlamento, que él controla. Hasta ahora, Erdogan está formalmente impedido de pertenecer a una organización política, como una manera de asegurar su imparcialidad. Esto ya no será así y él líder podrá ser presidente de la República y de su partido. Sólo tendrá derecho a una reelección: habrá un límite de dos periodos para ocupar la Presidencia. Pero esto no ocurrirá a partir del término actual sino del que sigue: podrá presentar su candidatura en 2019 y de nuevo en 2024, para concluir en 2029. Si tiene éxito y no impone otra reforma para quitarse la barrera, entonces, a los 75 años, habrá gobernado durante tres legislaturas como primer ministro y tres quinquenios presidenciales, 26 años continuos. En comparación, Mustafa Kemal Ataturk, el padre de la patria, fue presidente 15 años. La decisión, nominalmente, está en los electores. “Es una broma, tú lo sabes, ¿no?”, interrumpe Ergun. “A los gulenistas los aplastó con la policía. A los kurdos y al HDP, también. A los demás opositores los tiene aterrorizados con acusarlos de golpistas. Ha acabado con los medios independientes. Cientos de personas enfrentan juicios ahora con el cargo de ‘insulto al presidente’. Los derechos fundamentales están suspendidos por el estado de emergencia. En estas condiciones, ¿quién va a hacer promoción por el No?”. El 12 de enero Erdogan descalificó a mil 128 académicos turcos y extranjeros (incluidos Noam Chomsky e Immanuel Wallerstein) que habían firmado una carta crítica, llamándolos “pobres excusas de intelectuales”. Al día siguiente, Sedat Peker, un famoso jefe del crimen organizado, publicó un mensaje en su página web personal en el que amenazaba de muerte a “los llamados intelectuales”, advirtiéndoles que “haremos correr su sangre en ríos y nos bañaremos en ella”. Además, las advertencias del primer ministro Binali Yildirim, de que la gente joven que utilice las redes sociales “para insultar al presidente o los funcionarios del gobierno” sería reportada a la policía por hacer “propaganda terrorista”, se ha reflejado en 68 mil 774 denuncias contra usuarios de Facebook y Twitter, que a su vez han resultado en mil 734 encarcelados, mil 317 personas liberadas pero sujetas a proceso, y otras 17 mil 862 órdenes de detención giradas. La campaña por el Sí, en contraste, fue abierta entre vítores por el propio Erdogan el 14 de enero. “Con permiso de Dios”, declaró, “nadie será capaz de parar la construcción de la nueva Turquía”. Este reportaje se publicó en la edición 2101 de la revista Proceso del 5 de febrero de 2017.