CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Mucho más interesante por lo que devela que por su contenido artístico, el pabellón de México en la Bienal de Venecia sintetiza los vicios, deficiencias y retos que tiene la gestión gubernamental de las artes visuales en la todavía no visible Cuarta Transformación en cultura. Acostumbrados al glamour del despilfarro y renuentes a adoptar las medidas de austeridad que ha señalado López Obrador, cinco servidoras públicas asistieron a la inauguración del pabellón de México en la Bienal de Venecia: del Instituto Nacional de Bellas Artes, su directora Lucina Jiménez, la coordinadora nacional de Artes Visuales Mariana Munguía, y la comisaria del pabellón Gabriela Gil; por parte del gobierno del Estado de Coahuila, la secretaria de Cultura Ana Sofía García Camil y la coordinadora de Artes Visuales, Olga Margarita Dávila.  ¿Por qué asistieron estas dos últimas, cuál fue la participación del Estado de Coahuila en el proyecto y, en caso de haber tenido aportaciones, por qué nunca lo informó el INBA? Indiferentes al señalamiento que hizo el presidente respecto a los viajes de funcionarios durante su conferencia matutina del pasado 30 de abril –“se van a reducir al mínimo los viajes al extranjero, van a ser autorizados por el presidente, no van a poder salir del país si no hay una autorización y una comisión especial que lo amerite”–, las funcionarias del INBA y Coahuila asistieron a la inauguración de un evento que, por las características de la Bienal, es casi únicamente para los involucrados: como se presentan dos exposiciones centrales y 90 pabellones nacionales, las aperturas son numerosas y no existen protocolos oficiales de inauguración. Además, en la participación de las funcionarias gubernamentales, debe tomarse en cuenta que si bien la Bienal de Venecia recibe subvenciones del Estado italiano, es una institución privada y, por lo mismo, la “comisión” que ameritó su presencia requiere una explicación puntual. En el ámbito de las deficiencias gubernamentales, desde la primera participación de México en la Bienal de 2007, la selección de la representación nacional ha sido institucionalmente opaca, sin resonancia en el escenario global y sin repercusiones en el escenario mexicano. Ya sea porque los funcionarios desconocen el funcionamiento del sistema artístico, porque la sofisticación del arte contemporáneo los seduce, o porque no tienen el conocimiento para impulsar la construcción de valor del arte contemporáneo mexicano en su pluralidad y particularidad; los únicos beneficiados han sido los artistas que han participado en la Bienal y, por supuesto, sus galeristas.  Convertida en un mercado indirecto que necesita seducir al público con la espectacularidad instagrameable de las propuestas exhibidas, la Bienal de Venecia es un evento mustio y banal que no coincide con los valores austeros y de responsabilidad social que ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin resonancia artística para nuestro país y sin premios o reconocimientos oficiales para los pabellones que han participado desde 2007 –Lozano Hemmer, Teresa Margolles, Melanie Smith, Ariel Guzik, Tania Candiani y Luis Felipe Ortega, Carlos Amorales y Pablo Vargas Lugo–, la insignificante y costosísima participación de México en la Bienal de Venecia –mínimo 12 millones de pesos– debe evaluarse, reestructurarse y, si es necesario, cancelarse. Crear consejos y venerar a los creadores como lo hace la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, no es la solución. Se necesitan funcionarios profesionales que sean capaces de diseñar una política de Estado para el arte. Este texto se publicó el 19 de mayo de 19 de mayo de 2019 en la edición 2220 de la revista Proceso