De acuerdo con habitantes de Santa María Zaniza, la delegada de la Paz intentó sobornar a funcionarios de casilla para que le entregaran las boletas y marcaran a favor del gobernador, ante la negativa de funcionarios "tomó las boletas por la fuerza y comenzó a marcarlas a su antojo", denunciaron.

"De acuerdo con las primeras líneas de investigación, al menos cinco de las personas fallecidas que fueron identificadas pertenecen a una empresa de seguridad privada ligada al CJNG", señaló la SSPC.

José Antonio Romero Tellaeche llegó al cargo en agosto del 2021 mediante irregularidades y violaciones al Estatuto del CIDE y bajo el cobijo de la entonces directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.  

Durante tres días, alrededor de 700 trabajadores y ciudadanos caminaron hacia la capital del estado para denunciar persecución judicial, violaciones a derechos laborales, adeudos salariales, falta de incrementos y amenazas de retiro de prestaciones.

Abogados y familares de miembros de cárteles afirmaron que se les negó el debido proceso porque fueron enviados a Estados Unidos sin una orden de extradición, por lo que se violó la ley mexicana.

La jefa de Gobierno también rechazó las versiones de que los proyectos podrían afectar el abasto de agua de los habitantes de la zona.