El caso del Refugio Franciscano se originó el 7 de enero, cuando la Fiscalía ejecutó una orden judicial de cateo y aseguramiento, como parte de una investigación iniciada en diciembre de 2025 a partir de denuncias ciudadanas por presunto maltrato animal. 

Las autoridades estatales y municipales mantienen abiertas las carpetas de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables, mientras continúan los operativos de vigilancia en los municipios afectados.

La ley mexicana protege el retrato y contempla reparación por daño moral; ciertos stickers de WhatsApp pueden detonar reclamaciones si usan imágenes sin consentimiento.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero y su vocero, Jorge Tirana, iniciaron emitiendo sus condolencias a las familias de las víctimas de un “accidente que pudo evitarse”. 

La acción deriva de demandas como respeto a los autogobiernos, que se deje de criminalizar la defensa de sus manantiales, la falta de efectividad en materia de seguridad, incumplimientos por parte del INPI y la liberación de una defensora ambiental.

De la veintena de amparos promovidos y analizados por diversos jueces, fueron los presentados por los periodistas Beatriz Rojas Ávila y Raúl López Téllez los que lograron una revisión de fondo por la jueza a la que fueron turnados, Katia Orozco Alfaro.