Los manifestantes exigen el apoyo del gobierno para solucionar problemas como extorsión, falta de presupuesto para documentos oficiales, abuso de autoridad, mala infraestructura, precios injustos y el robo a unidades en todos los estados.

La agresión contra la presidenta ocurrió el pasado 4 de noviembre mientras la morenista daba un recorrido a pie por el Centro Histórico de la capital.  

“Pero a mí me gustó de ella, aparte de todo lo que tiene que ver con… que ella levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella, y es un ejemplo, en ese momento”, dijo la presidenta.  

Los detenidos están acusados de “homicidio calificado en comisión por omisión” por presuntas fallas deliberadas en los protocolos de protección durante el atentado contra Manzo, ocurrido el 1 de noviembre último.

El comunicador denunció el robo y posteriores llamadas de extorsión; exige una investigación exhaustiva y sin descartar su actividad periodística como línea de investigación.

El gobierno embargó la propiedad como cobro parcial de un crédito fiscal por una multa de 515 millones de pesos que le había impuesto el Congreso local desde 2018 y que hasta la fecha no ha pagado.