La Corte IDH determinó que el Estado mexicano “violó el derecho a conocer la verdad” por no investigar adecuadamente lo sucedido a Lilia Alejandra García Andrade ni los atentados que sufrió su madre cuando exigía justicia.

La organización exigió un alto al uso del derecho penal, así como garantía al debido proceso en el caso del periodista Rodolfo Ruiz, director del medio digital e-Consulta.

Al exsecretario de Seguridad de Tabasco se le negó el amparo contra su vinculación a proceso por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

Se presume que el esquema habría permitido simular la identidad de ganaderos y vulnerar controles sanitarios y de propiedad pecuaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que toda la inversión será de 7 mil 500 millones de pesos en Acapulco, una parte de la Federación y otra del estado. 

Con la iniciativa se busca garantizar condiciones de seguridad y dignidad para colectivos de madres que se dedican a la búsqueda de personas en México.