Los juzgados y tribunales de los amparos contra la reforma judicial y algunos promovidos contra la reforma de inimpugnabilidad no deben caer en la petición de principio que asume como electoral todo lo que sucede con motivo de la reforma judicial.

Del lado estadunidense, el reproche hacia los funcionarios mexicanos es la defensa que el actual gobierno hace de la política liberal del expresidente López Obrador en materia de seguridad.

La izquierda debe recuperar su capacidad de hablar tanto al profesor universitario como al trabajador de la construcción, tanto al activista de diversidad sexogenérica como al jubilado que se preocupa por su pensión.

Si el trío de la Sala Superior del Tribunal Electoral exhibe un adelanto de lo que nos espera con la nueva impartición de justicia, desconozco hasta dónde vamos a parar.

Todas las vacantes están siendo ocupadas por servidores públicos de los propios tribunales, en funciones de dichas magistraturas, esto es, por personas no designadas por el Senado.