Los 200 servidores públicos también fueron capacitados para atender riesgos como violencia, discriminación y consumo de sustancias.

Tras dos años de lucha, los habitantes firmaron un convenio con autoridades municipales, estatales y federales, así como con la empresa propietaria del basurero.

Las víctimas de criminalización y persecución judicial, desde hace más de una década, ganaron un amparo contra 200 órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de robo y daños por incendio. Nueve resoluciones previas establecieron la inexistencia de los delitos.

El diputado morenista consideró que la propuesta constituye una respuesta integral y responsable para disminuir la dependencia de gas importado e impulsar la producción nacional.

Personal de resguardo del recinto legislativo enfrentó a los manifestantes mientras la sesión se suspendía temporalmente.

“Todavía no tenemos el mecanismo. La idea es que pudiera, en caso de encontrarse la tecnología, que no tuviera estos impactos ambientales que tiene el fracking tradicional", dijo la mandataria.