Organizaciones advierten que más que una política orientada a la construcción de paz, la estrategia de este año parece responder a una lógica de pacificación, entendida como el control social mediante el uso de la fuerza. 

El esquema de lavado de dinero constituía la base financiera que permitía a su grupo mantener su operación económica y continuar con actividades delictivas.

Con el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” buscan reducir los altos índices de inseguridad en la entidad y debilitar la operación de los grupos criminales que mantienen presencia en el estado. 

Legisladoras de oposición, especialistas, activistas y periodistas advierten riesgos para la autonomía, los contrapesos institucionales y el derecho ciudadano de acceso a la información pública.

“Hay varios varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato”, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Representantes de los trabajadores temen que el cambio de juez retrase el proceso para la venta de los activos y la liquidación de los empleados.