Las iniciativas lograron derogar el artículo 392 del Código Penal de Yucatán, que castigaba a las mujeres y personas gestantes que interrumpieram el embarazo. Y modifica el artículo 389, el delito pasa de aborto a aborto forzado y contempla sancionar a quienes obliguen a interrumpir el embarazo.