El reporte ministerial indica que las víctimas fueron privadas de su vida por asfixia, al aplicar un torniquete en el cuello con palos y alambre recocido en el cuello. 

Denunciaron: “Ha quedado al descubierto el contubernio que tenía con Grupo Carso para engañar a las víctimas y firmar los acuerdos reparatorios, más allá de cumplir con su obligación constitucional, los dejó a su suerte”, y acusaron a la FGJCDMX de litigar a favor de la empresa.

Entre las denuncias, publicadas en la portada de Proceso, además de la de violación en grado de tentativa, está el caso de la muerte de ocho adultos mayores que, acusan, fue por una medida “de austeridad; además de la adquisición irregular de medicamentos y fiestas personales en la Casa Morelos.

Pese a las promesas de cambio, el gobierno federal repite los errores de López Obrador en el tema de desapariciones. Casos como el Rancho Izaguirre destapan la brutalidad del narco, mientras familias exigen la renuncia de funcionarias por negligencia. La ONU advierte que la crisis es “sistemática".

El Senado señaló que 18 personas enlistadas no cumplen con el requisito constitucional de gozar de buena reputación y 8 más no cumplen con el promedio general de calificación.

Alaín Pinzón ya fue citado a comparecer ante una juez de control en el Reclusorio Oriente por daño en propiedad ajena derivado de una protesta que encabezó en diciembre de 2023 afuera de Censida.