El desplazamiento forzado es hoy una práctica extendida en México, que impone la violación de los más elementales derechos. Lo vemos claramente en Chiapas, pero también se sufre en otras regiones.

En México, según el Censo de 2020 del INEGI, 23.2 millones de personas se identifican como indígenas, principalmente en estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero.

Es momento de hacer un corte de caja. Hemos visto que los casos de Imane Khelif y de la supuesta “última cena” exhibieron los prejuicios de un sector del ultraconservadurismo mexicano.

Una cosa debe queda clara: no habrá marchas por la transparencia. Carece de base social y, por ende, es sacrificable. Habrá que apelar a los directivos formados e informados de la 4T y de Morena para hacer valer el argumento de las razones.

¿De qué dimensión debe ser el deterioro social para motivar una iniciativa decidida y eficaz que recupere el Estado de derecho?, ¿no son suficientes los homicidios y los repetidos desplazamientos forzados de comunidades chiapanecas, indígenas en su mayoría?